“Hechos causaron 34 muertos, 24 de ellos policías, y cuyos responsables finales siguen sin ser señalados”
Un año después de los lamentables sucesos de Bagua, se ha demostrado con comisiones investigadoras inconclusas, la incapacidad de los poderes del Estado para afrontar, antes y después, esta crisis social y política.
La promulgación de decretos legislativos por parte del gobierno, con el objetivo de facilitar la inversión privada en la región amazónica, fue el detonante violento que desnuda la profunda desconexión entre el proyecto de desarrollo del gobierno y las necesidades de comunidades nativas amazónicas. Una deficiente estrategia de coordinación de los mandos policiales, una mala reacción oportuna y proporcional de los estamentos legislativos y ejecutivos para explicar los alcances y limitaciones de los decretos legislativos sobre explotación de recursos naturales vinculados a la implementación del TLC con Estados Unidos, fueron la causa de un feroz enfrentamiento entre policías y manifestantes, dejando varios muertos y heridos de los dos grupos. Ello sin contar los saqueos y disturbios producidos en la ciudad de Bagua.
El problema, no sería tanto de índole económico, sino más bien social, con fuertes ingredientes de exclusión y desentendimiento entre peruanos.
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